En una resolución emitida por el Consejo Permanente, y aprobada por aclamación, la OEA reconoce que la asonada militar produjo una alteración inconstitucional del orden democrático.El documento exige el inmediato, seguro e incondicional retorno de Zelaya a sus funciones constitucionales.
La OEA expresa que no se reconocerá ningún gobierno que surja como resultado del golpe militar y encomendó al secretario general de la organización, el chileno José Miguel Insulza, que asista a la reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), prevista para mañana en Managua, Nicaragua. De conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la resolución insta a Insulza a que lleve adelante todas las consultas que sean necesarias con los Estados miembros de la organización.
El texto condena también enérgicamente todo acto de violencia, y en especial la detención arbitraria de la canciller de Honduras, Patricia Rodas, y de otros miembros del gabinete de Zelaya, así como del alcalde de San Pedro Sula. Exige que se respete la integridad física de estas personas y que sean puestas en libertad de inmediato.El Consejo Permanente convocó a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la organización, a celebrarse en su sede en esta ciudad el martes próximo, para adoptar las decisiones apropiadas, conforme a la carta de la OEA y el derecho internacional.Asimismo, encomendó a Insulza que remita la resolución al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon
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